Desarrollo Humano
Sostenible
El 2024 fue un año en el que el Fondo Multidonante priorizó apuestas que contribuyeran a acelerar la Reforma Rural Integral-RRI. Esta propone transformar el campo colombiano, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad en 3 aspectos principales:
- La política de acceso y uso de la tierra, enfocada en la redistribución de la propiedad y formalización de tierras en la prevención de conflictos agrarios;
- Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que fomentan la participación ciudadana para mejorar la intervención estatal en 170 municipios afectados por la violencia;
- Los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral dirigidos a reducir las brechas entre el campo y la ciudad, en materia de derechos sociales y pobreza rural.[1]
La implementación de la reforma rural integral del punto 1 del Acuerdo ha concentrado ingentes esfuerzos estatales. Sin embargo, los rezagos han sido constatados en los informes de verificación de la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación del Acuerdo, la Instancia Étnica, la Instancia de Género y la Misión de Verificación de Naciones Unidas, entre otros.
A 8 años de la implementación del Acuerdo, el acceso a la propiedad de la tierra, uno de los temas principales de la RRI, continúa siendo un gran desafío en clave de goce efectivo de los derechos de la población rural colombiana. Especialmente las metas cuantitativas de compra de tierras han sido difíciles de cumplir, en parte por condiciones objetivas del mercado de tierra, y en parte porque es una política pública que en algunas de sus dimensiones no tiene precedentes y necesita métodos que aseguren institucional, jurídica, social y ecológicamente las decisiones.
Debido a la importancia que el Fondo reconoce en apoyar al gobierno de Colombia para avanzar en este tema, en 2024 se priorizaron dos inversiones clave. La primera se centró en impulsar la compra cualificada de tierras, y la segunda en poner en marcha la jurisdicción agraria. Con estas inversiones catalíticas, se espera generar un aporte estratégico que permita avanzar de manera significativa en aspectos esenciales para transformar la ruralidad en Colombia.
[1]Decimoquinto informe de verificación de la implementación del Acuerdo de Paz, secretaría técnica del componente internacional de verificación, en https://cinep.org.co/wp-content/uploads/Decimoquinto_informe_ST_v3.pdf
Compra de tierras de manera cualificada
Sobre el componente de riesgo normativo, se consolidó una matriz con más de 200 reglas jurídicas y 1000 estándares de debida diligencia, y los contenidos de los actos administrativos mediante los cuales se evitarán los riesgos que implicaría el colapso de cualquiera de esas reglas.
En el componente de riesgo socioecosistémico, se construyó una batería parametrizada de 18 variables de riesgo relacionadas con la noción de vida digna rural ampliada: necesidades básicas insatisfechas, riesgo de cambio climático, presencia de accidentes por minas, índice de GINI, pobreza multidimensional rural, cobertura en servicios, entre otros, que permiten calcular cuando existe un riesgo biofísico y socio económico. Este análisis busca llegar a nivel de vereda en el modelo definitivo, con el fin de obtener un análisis más exacto.
El componente de riesgo institucional consolidó una primera versión del modelo de cálculo del riesgo con capacidad de identificar bloqueos y acumulaciones en el proceso de compra.
Además, se pudo hacer la parametrización anticipada de algunos riesgos como los asociados a la ausencia de enfoque de género, ausencia de información autorizada sobre seguridad y ausencia de información confiable reputacional de potenciales vendedores. Para esto, se han realizado unos policy paper (documentos normativos) con lineamientos específicos sobre estos riesgos transversales.
[2]Es la versión preliminar del modelo definitivo que advertirá cuando el proceso tenga un riesgo y ofrecerá protocolos o actuaciones puntuales para evitar su concreción o mitigarlo.
Sobre el enfoque de género
Policy paper de lineamientos para la compra de tierras con enfoque de género.
El objeto de este instrumento es contribuir a la superación de la ausencia de criterios que protejan jurídicamente la posición de la mujer rural tanto como sujeto del proceso de compra como en la selección de predios potencialmente adjudicables a mujeres rurales.
Policy paper para modificar el Decreto 033 de 2025.
El objetivo es incluir el enfoque de género en la política de compra. Esto debido a que el análisis encontró que existe una desigualdad en el acceso y formalización de la propiedad rural debido a:
- Falta de asignación de medios y recursos que permitan la autonomía económica
- Poca redistribución y remuneración del trabajo de cuidado
- Discriminación interseccional
Por esto, se plantea modificar el decreto para que se generen geodatos e indicadores diferenciados por sexo que permitan monitorear los procesos de compra, también para que en la etapa inicial se recoja información sobre la vocación del predio, existencia de recursos naturales y materiales y generar una distribución paritaria a hombres y mujeres basado en ese diagnóstico, generar datos e indicadores que incorporen criterios interseccionales que documenten la compra, y la redistribución del trabajo rural comunitario y de cuidado, desde el mismo proceso de compra.
Sobre seguridad y reputacional
Proyecto de decreto para la transformación del Comité de Inteligencia Integrada para la Restitución de Tierras (CI2CRT).
Este Comité se creó para la titulación y restitución de tierras, y para que también fuera una instancia asesora de la ANT en materia de seguridad. Con ello, se apoya en la decisión de compra sobre un predio específico, y así se cubre la necesidad de lineamientos cualificados y confiables sobre el tema.
Policy paper y un borrador de convenio con UNODC.
Esto permitirá a la ANT acceder a una base de datos de perfiles sospechosos, mejorando la eficiencia en la detección de riesgos que afecten la legitimidad del proceso de compra y para que las entidades encargadas de la compra de predios cuenten con lineamientos específicos de seguridad que deben tener en cuenta.
Entrevista a la Agencia Nacional de Tierras -ANT y la Universidad de los Andes sobre la importancia de la herramienta que está siendo desarrollada con apoyo del Fondo, y su aporte estratégico para la compra de tierras en el país.
Lecciones Aprendidas
La alta dispersión de la información para la compra de tierras en diferentes entidades, así como el estatus diferente del estado de esta información (física o digital) retrasó el proceso de diagnóstico y dejó en evidencia restricciones tecnológicas y administrativas de las diferentes entidades que harán uso de la herramienta cartográfica para la identificación de riesgos asociados a la compra de tierra para la RRI.
Frente a esta contingencia las diferentes entidades dispusieron de personal para apoyar la gestión de los documentos, así como se diseñó un sistema de comparación entre los riesgos ya consolidados y aquellos que pueden ocurrir a futuro basados en la documentación recolectada. La Matriz con más de 200 reglas jurídicas que envía alertas cuando el proceso puede tener algún tipo de riesgo. La matriz fue completada con información de la ANT con base en casos reales de riesgos que ya se han materializado. La ANT ha puesto a disposición del proyecto personal e infraestructura tecnológica para alojar esta información que se complementará con la gran matriz de riesgo que quedará alojada en la UPRA.
Jurisdicción Agraria clave para avanzar en la transformación de los conflictos rurales
En el Acuerdo del 2016, para la creación de mecanismos de resolución de conflictos sobre uso y tenencia de las tierras se estableció una nueva jurisdicción agraria
“con mecanismos que garanticen un acceso a la justicia que sea ágil y oportuno para la población rural en situación de pobreza, con asesoría legal y formación especial para las mujeres sobre sus derechos y el acceso a la justicia y con medidas específicas para superar las barreras que dificultan el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres sobre la tierra”.
Para cumplir con este punto del Acuerdo, mediante el acto legislativo 03 de 2023, fue creada la jurisdicción Agraria y Rural – JAR en Colombia, que tiene el objetivo precisamente de resolver los conflictos rurales de manera pacífica, contando con jueces especializados en la materia, y con ello garantizando el acceso ágil y oportuno a la justicia para la población rural.
Esta nueva jurisdicción necesita la creación de un sistema adecuado a las condiciones rurales y que tenga en cuenta también los enfoques de género, étnico y territorial. Es por esto, que el Fondo en 2024 priorizó el apoyo al proceso de alistamiento e implementación temprana de la Jurisdicción Agraria, para garantizar que cuente con lo necesario para iniciar operaciones en el país.
Esta apuesta permitirá el impulso catalítico y estratégico de la JAR para su puesta en marcha desde tres dimensiones:
- El fortalecimiento del conocimiento sobre la JAR para jueces y comunidades rurales, con énfasis en la participación de mujeres campesinas y comunidades étnicas;
- El fortalecimiento de una ruta de articulación institucional para mejorar el flujo de información entre los jueces y las entidades nacionales y territoriales para el abordaje de los casos y conflictos agrarios;
- La entrega al Ministerio de Justicia de un compilado de recomendaciones para poner en marcha la JAR y, así apoyar la puesta en marcha del primer Distrito judicial agrario que operará en Tunja con cinco circuitos agrarios y rurales: Cartagena, Pasto, Popayán, Quibdó y Tunja.
Esta apuesta prioriza los análisis y trabajo directo con la región Caribe, específicamente en la subregión de Montes de María, donde el Ministerio de Justicia ha priorizado la puesta en marcha de la JAR con la creación del primer tribunal en esa región.
Se destaca que a 2024, se logró la construcción y socialización de la estructura de la guía para el acceso y operación de la Justicia con actores clave, contando con la participación del Ministerio de Justicia y el Derecho, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Tierras y la Superintendencia de Notariado y Registro. Este esfuerzo, que le apunta a la articulación institucional, permitió recoger insumos y recomendaciones para la elaboración de esta guía.
También se logró realizar un análisis enfocado en los municipios focalizados (Carmen de Bolívar, Zambrano y San Juan de Nepomuceno), para identificar las dinámicas sociales, barreras, limitaciones, riesgos o conflictos que puedan impactar la implementación de la JAR, vinculando la participación de diversos actores regionales para aportar al establecimiento de la confianza territorial, particularmente de mujeres y comunidades étnicas. Los tres municipios focalizados cuentan además con fichas de contexto que dan cuenta de las principales necesidades de las comunidades en términos de Jurisdicción Agraria y Rural.
La JAR busca reconocerle a las mujeres rurales y campesinas como sujetas de protección dadas las desigualdades y barreras de género persistentes en los territorios rurales del país; para ello se busca mitigar riesgos que les afecten en su derecho al acceso a la justicia con enfoque de género, que implica actuaciones de jueces/juezas y magistradas/os que puedan adoptar decisiones administrativas y judiciales que permitan dirimir conflictos sobre la propiedad, uso y tenencia de la tierra, a partir de respuestas rápidas, oportunas y gratuitas.
Este aporte se verá materializado en 2025, cuando la puesta en marcha de la JAR sea una realidad, con jueces fortalecidos y con la comunidad rural informada sobre la ruta de acceso para poder llevar a esta jurisdicción sus conflictos agrarios, permitiendo transitar hacia la transformación del campo colombiano.
Lecciones Aprendidas
La apuesta del Fondo por rodear procesos de cambio institucional durante su etapa de diseño y aprobación ha representado riesgos para las intervenciones apoyadas, pero busca canalizar el apoyo firme de la cooperación internacional a transformaciones necesarias para el país, que gracias a este respaldo logran salir adelante, hasta contar con la continuidad y sostenibilidad en el marco de una política de Estado.
Este es el ejemplo de la Jurisdicción Agraria, una apuesta decidida de los socios del Fondo por fortalecer y generar las condiciones de alistamiento en los territorios, fortaleciendo a los jueces y a la comunidad para promover su participación informada, en un proceso que busca generar transformaciones reales en el campo colombiano.
Los PDET siguen siendo prioritarios para avanzar en la transformación territorial - Catatumbo
Desde la firma del Acuerdo en 2016, el Fondo ha priorizado diversas iniciativas que promueven la implementación de los PDET, uno de los mecanismos clave para lograr la transformación estructural de los territorios. En informes anteriores se ha hecho énfasis en varias intervenciones integrales que han permitido, no solo la implementación de iniciativas, sino que alrededor de estas, se construye la confianza de comunidades a la vez que se aporta a su desarrollo labrando el camino hacia la transformación de sus realidades.
En 2024, el Fondo continuó con su apoyo decidido en Catatumbo, donde por un lado cerró la intervención en apoyo a la cadena de comercialización del cacao y otros productos de la región (con el apoyo de FAO, UNODC y ONUDI), con importantes resultados no solo de fortalecimiento comunitario, sino de relaciones y acuerdos firmados con el sector privado y que seguro servirá de base para la implementación el Pacto Catatumbo; y continuó el apoyo a la aceleración de la implementación del PDET por medio del fortalecimiento de capacidades de los municipios y el Departamento para la revisión y actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial (con el apoyo de PNUD y PNUMA).
Sobre la cadena de comercialización, se creó y se formalizó la Cooperativa Comercial Social Agropecuaria del Catatumbo – CATPAZ, como organización de segundo nivel que agrupa a 8 asociaciones de los municipios de Tibú y Sardinata, y se fortaleció la Federación Red de Productores del Catatumbo y Provincia de Ocaña – FEDEPROCAP, que agrupa a 5 asociaciones de los municipios de El Tarra y Convención.
Se destaca la participación de mujeres cabeza de hogar que fueron fortalecidas técnicamente y participan con más del 50% de los predios tecnificados. Se desarrollaron capacitaciones en habilidades empresariales por medio de talleres en finanzas, contabilidad básica, facturación, gestión de inventarios, obligaciones tributarias, marketing y negociación, adaptados a las necesidades específicas de cada organización, permitiendo que los miembros de las organizaciones adquirieran las competencias necesarias para implementar y gestionar los modelos de negocio.
Adicionalmente, se estableció un fortalecimiento logístico y comercial para optimizar la comercialización de los productos por medio de los modelos de proveeduría que permitieron vincular las cadenas productivas locales a mercados más amplios, asegurando un flujo sostenible de producción y ventas.
Para complementar el fortalecimiento, se entregó dotación comercial a las asociaciones de base que conforman las dos organizaciones de segundo nivel, con el fin de mejorar las condiciones de los productos para comercialización, los elementos entregados incluyen mobiliario, herramientas, dotación, insumos, maquinaria y equipos.
Como resultados de este acompañamiento en el 2024 se lograron 6 alianzas productivas, entre las que se destaca un contrato de cacao con ASOCUMULCAT[3], quién vende directamente a Casa Luker. Se dejan capacidades instaladas y dos fondos rotativos de comercialización, cada uno con 150 millones de pesos para cada una de las organizaciones CATPAZ y FEDEPROCAP, lo que les permitirá a las cooperativas apalancar negocios comerciales.
Finalmente, con el fin de asegurar la comercialización de los productos, se acompañó a las cooperativas en el proceso de registro ante el SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública) lo que les permitirá contratar con el Estado, la gestión para la certificación del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) de los predios tecnificados y con la ANT (Agencia Nacional de Tierras) para la titulación de predios.
[3]ASOCIACIÓN DE CACAOCULTORES Y SERVICIOS MULTISECTORIALES DEL CATATUMBO
En relación con el impulso a las iniciativas PDET en Catatumbo, el 2024 fue un año clave donde fueron aceleradas 340 iniciativas PDET, cruzadas con diferentes instrumentos de planeación y de política pública, y georreferenciadas a nivel veredal, para evidenciar su interacción con los determinantes y condicionantes del ordenamiento territorial. Esto permitió identificar acciones claras para cada iniciativa y promover la articulación interinstitucional para apalancar su implementación.
El desarrollo de estas iniciativas, que es clave para la trasformación del Catatumbo, depende de la actualización de los planes de ordenamiento territorial.
En este sentido, el aporte del Fondo contribuyó también a integrar las dimensiones ambientales del territorio por lo que, el PNUMA junto con el Instituto Alexander Von Humboldt, lograron mapear la Huella Espacial Humana de la región, que será un insumo clave para la toma de decisiones sobre el ordenamiento territorial. Este instrumento compila la información sobre la estructura ecológica principal de los municipios que conforman el Catatumbo, mostrando la funcionalidad de la región y su oferta de servicios ecosistémicos para la sociedad que allí lo habita. Esta información será la base para la toma de decisiones para los planes de ordenamiento territorial y otros tipos de instrumentos de política pública, incluidas las iniciativas priorizadas bajo el Pacto Catatumbo, y que contribuirán con el abordaje de los conflictos socioambientales y con la convivencia pacífica en el Catatumbo.
Adicionalmente, se entregará un documento para cada uno de los 8 municipios de la subregión, con propuestas y recomendaciones de ajuste de sus instrumentos de ordenamiento territorial, con el fin de incorporar los elementos que se cruzan con estos planes y el PDET.
Es importante resaltar el trabajo con las autoridades y comunidades étnicas de los Resguardos Motilón Barí y Catalaura, asentados en la región del Catatumbo. Se promovió la articulación de la agenda PDET en el marco de sus planes de vida y procesos de gobernanza territorial; se aportaron instrumentos que, desde un enfoque intercultural, diferencial y de género, contribuyen al desarrollo del modelo para la aceleración de iniciativas PDET. Adicionalmente, se promovió la articulación del PDET con procesos clave como los Planes de Reparación Colectiva, por medio de capacitaciones en ruta de reparación colectiva para líderes Barí, junto con el establecimiento de un espacio de articulación PIRC-PDET, en el que confluyeron la ART, la UARIV, autoridades del Pueblo Barí y el PNUD.
Con el objetivo de promover acciones de confianza para la entrada del Pacto Regional para la Transformación del Catatumbo, se está apoyando la implementación de comunidades energéticas en los resguardos; junto con el desarrollo de acciones para la promoción de la soberanía alimentaria, aportando a los procesos propios como el PAE Étnico con casas de semillas, huertas comunitarias, y estrategias para la recuperación y fortalecimiento de la cultura alimentaria del Pueblo Barí y el conocimiento tradicional de la cultura alimentaria del pueblo Barí. También, se ha brindado asistencia técnica para fortalecer la gobernabilidad indígena Barí, que incluye apoyo al sistema de gobierno propio, la legislación indígena, capacitación sobre el protocolo de consulta previa, la promoción del liderazgo de las mujeres, y el acompañamiento para la formulación de proyectos étnicos.
Finalmente, como estrategia de salida y sostenibilidad del proceso, se entregará una Guía Nacional para la Aceleración de las Iniciativas PDET que están relacionadas con el Ordenamiento Territorial en las 16 Subregiones, con el fin de que los aprendizajes, metodologías y resultados del proyecto en Catatumbo puedan replicarse en las demás subregiones.
Seguridad y desarrollo, vínculo fundamental para avanzar en la transformación
Si bien la seguridad es uno de los mayores desafíos que persiste en el país, dado que el conflicto sigue activo con la presencia y accionar de distintos grupos armados, los esfuerzos de Colombia siguen estando volcados en los territorios para que estos puedan participar de los beneficios del desarrollo, pero sin seguridad esto no es posible.
Es por esto, que el Fondo continúa priorizando los asuntos de seguridad humana en sus inversiones y particularmente en 2024 continuó el apoyo a la Acción Integral contra minas antipersonal.
Contar con territorios libres de minas es considerada como la puerta de entrada al desarrollo. Adicionalmente, apoyar las acciones de Educación en el Riesgo de Artefactos Explosivos, para la reducción de riesgos y la promoción de comportamientos seguros, requiere de operadores con las capacidades técnicas necesarias para hacerle frente a la amenaza.
En el 2024, el Fondo aportó a la política de Educación al Riesgo de Artefactos Explosivos-ERAE, donde se dejarán capacidades instaladas en la institucionalidad para que apropien el sistema de Acreditación de organizaciones y Certificación de personas en ERAE.
Con el apoyo de UNICEF y el Grupo AICMA de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP), 30 organizaciones de la sociedad civil (16 Operadores Nacionales, 7 Organizaciones étnico-territoriales y de base y 7 operadores internacionales) se encuentran en proceso de acreditación, para poder realizar estas acciones en sus territorios.
Además 166 personas de 16 departamentos han sido certificadas en la Norma de Competencia Laboral de Educación en el Riesgo de Minas RM que otorga el SENA en asocio con el Grupo AICMA de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Los procesos de formación implementados han permitido que 206 personas de estas organizaciones mejoraran sus competencias para la implementación de proyectos de ERAE, bajo un enfoque de gestión basada en resultados.
Se destaca que en 2024 se logró un acuerdo con el SENA, quien puso a disposición su plataforma virtual para la certificación de los facilitadores. Para esto, los instrumentos de certificación se adaptaron según las guías documentales del SENA, lo que va a permitir la sostenibilidad de este proceso de certificación en el largo plazo.
Con este impuso, el Fondo también brinda su apoyo a la OCCP en el proceso de extensión de los compromisos derivados de la ratificación en Colombia de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Tratado de Ottawa). La extensión incluirá estrategias para fortalecer la Educación en el Riesgo de Artefactos Explosivos, así como un Plan Operativo de Desminado que parte del reconocimiento de la capacidad actual de las Organizaciones de Desminado Humanitario (ODH), la existencia de estándares nacionales de Acción contra Minas y la caracterización de los municipios con más afectación.
Finalmente, en 2024 terminó el apoyo del Fondo a las operaciones de desminado humanitario implementadas por Humanicemos DH, la única organización de desminado humanitario en el mundo conformada por firmantes de paz.
Este apoyo del Fondo le permitió a Humanicemos DH entregar su primer municipio (Solita-Caquetá) libre de sospecha de minas, donde además se logró el despeje manual de 64,334 metros cuadrados, la neutralización de 1 mina antipersonal (MAP), 2 municiones abandonadas (MUNAB) y 20 municiones sin explosionar (MUSE).
Estos resultados se suman a otros en Caquetá donde en total se despejaron 78.650 m² con sospecha de presencia de MA y/o MUSE. Beneficiando a 4.387 personas a través del Despeje Manual de Áreas Peligrosas.
Estas labores también permitieron el trabajo comunitario, a través de la implementación de estas iniciativas:
Entrega de elementos y materiales para la iniciativa comunitaria para la Adecuación de una cocina del comité de mujeres de las veredas Buenos Aires, Apartadó, Antioquia
Entrega de paneles solares a familias rurales que no cuentan con el acceso al servicio de electricidad. El acceso a los paneles ha mejorado la calidad de vida de los participantes además de favorecer las actividades productivas que desarrollan en sus predios.
Además, 442 personas han participado en jornadas de sensibilización en riesgo de minas, así como apropiación territorial a partir de conceptos de seguridad física y psicoemocional. Por medio de cuñas radiales con alcance en 9 municipios del Caquetá se han llevado mensajes de comportamiento seguro frente a la presencia de Artefactos Explosivos (AE).
Se impulsó la creación de entornos equitativos e inclusivos a través de la concertación con las comunidades receptoras que lograron expresar sus expectativas y preocupaciones relacionadas con los territorios minados, lo cual mejoró la confianza y posicionó las necesidades de las mujeres y las niñas que asumen las labores del cuidado de personas víctimas de minas. Además, Humanicemos DH puso la pauta para garantizar entornos respetuosos, libres de discriminación y VBG al generar reflexiones y compromisos con su personal operativo y administrativo que les permitió aplicar buenas prácticas enfocadas en la economía del cuidado que busca reconocer, redistribuir y reducir[4] las cargas que permitan, promover entornos personales, familiares y comunitarios equitativos y justos para que las mujeres puedan tener tiempo libre y de calidad.
[4]La triple R busca reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados. Este marco, inspirado en las ideas de Nancy Fraser busca abordar las desigualdades de género en la distribución de que históricamente lideran las mujeres en los espacios privados.
Estas acciones son muy significativas para las comunidades, pues no solo habilitan la confianza entre estas, el operador de desminado y la institucionalidad, sino que se traduce en el goce efectivo de mujeres, niñas, niños, jóvenes y población general de territorios libres de minas, que permiten el acceso a bienes y servicios básicos como la educación y proyectos de seguridad alimentaria y productivos.
Finalmente, Humanicemos DH busca que las actividades que han desempeñado desde 2017 sean reconocidas como un TOAR, para esto en 2024 logró la elaboración de un documento de Procedimiento de Trabajos Obras y Actividades con Contenido Reparador TOAR en Acción Integral Contra Minas, radicado ante el secretario ejecutivo y el equipo de seguimiento de medidas reparadoras y restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en espera de sus comentarios y respuestas para avanzar en el proceso.
Entrevista a la directora de Humanicemos DH sobre el aporte estratégico de la Corporación a la paz, la reconciliación y la seguridad de los territorios.
Productos estratégicos generados que aportan a la toma de decisiones, clave para la transformación territorial.
- Índice de Huella Espacial Humana para Catatumbo. Oferta Ambiental y EEP
- CONPES AICMA.