EL FONDO
EN EL FUTURO

A mediados del 2024, el gobierno nacional anunció un plan de choque[1] para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz. Este plan incluyó una apuesta ambiciosa pero transformadora para los territorios basado en 6 pilares:

Es por esto, que el Fondo en el último trimestre del 2024, decidió que las inversiones para los años venideros deberán brindar un aporte estratégico y catalítico para implementar el Acuerdo de paz, impulsado por el plan de choque con énfasis en el trabajo articulado interinstitucional y territorial.

 

En este sentido, el Fondo en 2025 focalizará sus inversiones en dos regiones principales: Catatumbo, en estrecha alineación con el Pacto Catatumbo, identificando con las instituciones que participan en el Fondo, bajo una gobernanza que incluye actores e instituciones locales, las acciones en las que este mecanismo podrá impulsar esa transformación del territorio.

 

Adicionalmente, el Fondo promoverá la implementación de acciones integrales trasformadoras en el litoral Pacífico (Chocó, Pacífico Medio y Nariñense), alineadas con los Pactos que allí se firmen de igual manera buscando la transformación sostenible del territorio.

 

Debido a la persistencia de condiciones alarmantes de inseguridad en los territorios, el Fondo continuará impulsando inversiones estratégicas que permitan sostener acciones de autoprotección de las comunidades a la vez que se impulsan políticas públicas transformadoras en favor de la población inmersa en el conflicto.

 

[1] https://www.mininterior.gov.co/wp-content/uploads/2024/09/14.10.2024-plan-choque-f1.pdf

También seguirá siendo una apuesta primordial la acción integral contra minas antipersonal, en la medida que se considera que la liberación de territorios de las minas antipersonal y artefactos explosivos es la puerta de entrada a acciones de paz y desarrollo, con un énfasis particular en los municipios donde antes no se habían podido realizar acciones de desminado a razón del conflicto.

 

Los próximos años serán claves para la justicia transicional, y es necesario que el Estado colombiano cuente con la estructura para poner en marcha la implementación de las sanciones propias que la JEP impondrá. Seguirá trabajando con las víctimas, como centro de sus intervenciones, y por esto será importante impulsar la aceleración de la puesta en marcha de soluciones duraderas para que las instituciones se enfoquen en apuestas de desarrollo y paz para los más de 85 millones de colombianas y colombianos víctimas que se han debido desplazar forzosamente.

También, el Fondo apunta a contribuir con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda, para promover la coordinación y cooperación entre las diferentes ramas del poder público, las instancias de articulación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario y los niveles de gobierno, para implementar el Plan Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

 

Tras 8 años de implementación y acompañamiento a la autoridad nacional en temas de reincorporación política, social y económica, el Fondo ha dejado un legado importante que hoy acoge la institucionalidad. Sin embargo, en los próximos años el Fondo impulsará acciones para que se desbloqueen instrumentos públicos y privados, que viabilicen la autoconstrucción de vivienda para firmantes, a la vez que se promueve la autonomía económica de las mujeres firmantes fomentando su liderazgo y con apalancamiento de recursos y mecanismos financieros innovadores como blended finance para garantizar su sostenibilidad.

Se continuarán impulsando desde una mirada integral acciones que promuevan la cultura de paz y pedagogía, sin contenido político, promoviendo la paz como un bien público, lo que es indispensable para transformar la realidad del pueblo colombiano, a la vez que se promueve la apropiación de actores claves del plan marco de implementación ajustado. Esto permitirá a la sociedad colombiana contar con información más acertada y veraz de los avances de la implementación del Acuerdo.

 

Y finalmente, el Fondo seguirá aunando esfuerzos para que la paz en Colombia sea posible, por esto pondrá a disposición un mecanismo de respuesta rápida para la generación de acciones de confianza entre las partes que están sentadas alrededor de mesas de diálogos de paz y espacios de conversación socio jurídicos, promoviendo acciones directas en los territorios que promuevan la transformación territorial, mientras dispone de herramientas y mecanismos para transitar hacia nuevos acuerdos de paz.

Dada la coyuntura actual de crisis de financiamiento a nivel global, las acciones que priorice el Fondo en el futuro deberán ser realmente estratégicas y catalíticas, para hacer un uso eficiente de los recursos aportados por la cooperación. Para esto, el Fondo asegurará que sus inversiones:

Temáticas aprobadas a finales de 2024 que serán implementadas en 2025

Futuro4
Futuro5
Futuro6
Futuro7

Desarrollo Humano Sostenible

  • Blended Finance: OIM, UNODC, PNUD, ONUDI -3 líneas de crédito y 2 proyectos productivos. USD $1.9M, espera apalancar del Sector Privado USD $5.2M
    Departamentos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Cesar, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Tolima, Sucre, Valle de Cauca. No PDET: Atlántico y Cundinamarca
  • Territorialización Plan de Acción Resolución 1325 Mujeres, Paz y Seguridad. $1.5M
    Departamentos: Cauca, Chocó y Nariño
  • Implementación Territorial de la Política Publica de Desmantelamiento de Organizaciones y Bandas Criminales, UNODC, UNVMC. USD$1.5M
    Departamentos: Bolívar, Antioquia, Santander y Cauca.
  • Aceleración del PATR de Alto Patía y Norte del Cauca – formulación de 5 proyectos integradores, PNUD y UNFPA. USD$1M
    Departamentos: Cauca y Valle del Cauca.
  • Apoyo a la Política de Acción Integral Contra minas a través del Suministro de Información sobre la localización de artefactos explosivos, UNMAS, UNVMC. US$334.603
    Departamentos: Antioquia, Bolívar, Caquetá, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander y Tolima.
  • Apoyo al desminado Humanitario en Regiones de paz – 4 organizaciones de sociedad civil de Desminado Humanitario. US$2.9M
    Departamentos:  Antioquia, Norte de Santander y Nariño.

Víctimas y Justicia Transicional

  • Incidencia en los sectores defensa, justicia y memoria para el cumplimiento de las recomendaciones de la CEV – PNUD, ONUDDHH. US$750.000
    Departamentos:  Bolívar, Cauca, La Guajira, Sucre y Valle del Cauca.

 

  • Impulso de procesos restaurativos JEP macrocasos 01,02,03,04,05 y 07. US$1.5M
    Departamento: Nacional

 

  • Fortalecimiento de acciones forenses para identificación y localización de PPD, PNUD y ONUDDHH. US$1.5M
    Departamentos: Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Cauca, Guaviare, Guainía, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Vichada y Valle del Cauca.

 

  • Consolidación de procesos integrales de memoria para difusión y continuidad del legado de la CEV – 7 organizaciones de la sociedad civil. US$650.000.
    Departamentos: Antioquia, Cauca, Caquetá, Nariño, Norte Santander y Risaralda

 

  • Litigio estratégico de casos complejos y emblemáticos de restitución de tierras – 4 organizaciones de la sociedad civil. $1M.
    Departamentos: Nacional, Bolívar, Cauca, Córdoba, Cesar, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño y Vichada.

 

  • Procesos de restitución con perspectiva ambiental – 2 organizaciones. $700.000
    Departamentos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo.

Reincorporación

  • Impulso a la estabilización socioeconómica y no estigmatización de Comparecientes de Fuerza Pública, PNUD y UNVMC. $1.1M
    Departamentos: Antioquia, Bogotá, Cesar, Huila, Meta, Santander, Tolima, Valle del Cauca.

 

  • Aceleradora de emprendimientos de firmantes de paz – 1 organización, 10 emprendimientos. US$1M
    Departamentos: Antioquia, Cesar, Bogotá, Cauca, Caquetá, Nariño, Putumayo y Tolima.

 

  • Apoyo a la reincorporación comunitaria y reconstrucción del tejido social a través de la construcción e implementación de Agendas Territoriales de Reincorporación Comunitaria – 7 organizaciones de la sociedad civil. US$750.000.
    Departamentos: Antioquia, Arauca, Huila, Guaviare, Meta y Putumayo.