El 2024 y la COP16: el año donde se visibilizó el potencial ambiental de Colombia

La Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad COP16, se realizó en Cali, Colombia del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024. El lema de la conferencia fue “Paz con la Naturaleza”.

Sus objetivos fueron establecer compromisos y marcos de acción para conservar la diversidad biológica; garantizar la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos; y promover el cuidado y el valor de la riqueza natural[1].

El Fondo Multidonante, tiene una gran apuesta para que todas las iniciativas que financie disminuyan el impacto en el medio ambiente, y se promuevan estrategias para su conservación y preservación. Por ello, el Fondo también hizo presencia en la COP16, donde se exhibió la serie Agua que fue producida en el 2024 para dar cuenta de las transformaciones de las comunidades y los territorios de Antioquia, Catatumbo y Guaviare en temas como la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, proyectos productivos de firmantes de paz, rutas ecoturísticas y la protección del Corredor del Jaguar.

La exhibición se realizó en el Pabellón de ONU Colombia, el cual se estableció como una estrategia interagencial para generar conversación y como plataforma para la muestra del trabajo de las diferentes Agencias, Fondos y Programas de la ONU en temas de medio ambiente.

[1] Más información en www.cop16colombia.com

Iniciativa apoyada por:

Paz y medio ambiente,
su nexo en los municipios PDET

La dimensión ambiental es un componente indispensable para la transformación territorial de los municipios PDET. Sobre todo, en aquellos lugares donde la estructura ecológica hace parte fundamental de los municipios, y por la cual muchos de ellos siguen siendo blanco del conflicto propiciado por grupos al margen de la ley[2].

[2] El Fondo impulsa la estrategia Naturaleza para la paz que tiene incidencia en los municipios de Puerto Guzmán, Puerto Asís, San Vicente de Caguán, San José del Guaviare, Barbacoas y Ricaurte; componente dos: Algeciras, Chaparral, Planadas, Mesetas.

Desde el 2022, el Fondo reconoce para los departamentos de Caquetá, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Tolima, su importancia y potencial medio ambiental, gracias a la biodiversidad y capacidad de las comunidades que los habitan para el desarrollo de negocios verdes, de manera que se consoliden como actores que favorezcan a su restauración y se constituyan en guardianes para la protección de zonas que son consideradas como pulmón de Colombia, y del mundo.

De la mano con sus comunidades, el PNUD y PNUMA, el Fondo contribuye a la construcción de la paz y la prevención de conflictos socioambientales en estos departamentos y con el fomento de inversiones verdes en algunos de sus municipios PDET, gracias al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de base y campesinos presentes en ellos y que cuentan con una alta diversidad biológica y cultural.

Particularmente en 2024, y con el apoyo de la ONG americana Wildlife Conservation Society – WCS, se finalizó con los 3 análisis de prefactibilidad en los departamentos de Putumayo (2) y Caquetá (1) para la identificación y potencial para certificación de toneladas de CO2 en el mercado voluntario de Carbono a través de proyectos REDD+[3], que representan una de las principales inversiones verdes en la Amazonía. Los 3 análisis realizados arrojaron los siguientes resultados:

[3] REDD+: se refiere al proceso moderado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que apoya los esfuerzos de los países para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, y fomentar la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono.

En conclusión, y para un total de 114.466 hectáreas analizadas para las 3 regiones / comunidades se cuenta con: (i) entre 391 y 956 hectáreas para proteger con un potencial de captura de CO2 de 16.508.938 ton CO2 en 40 años; (ii) entre 1.590 y 5.742 hectáreas a restaurar con un potencial para evitar emisiones CO2 de 1.281.826 ton CO2 en 10 años y; (iii) con 6.310 hectáreas para el desarrollo de arreglos agroforestales y silvopastoriles con un potencial de captura de CO2 de 1.258.042 ton CO2 en 40 años.

Con el desarrollo de estos 3 proyectos REDD+ se cuenta con un potencial significativo para mitigar el cambio climático, evitando la emisión de más de 17 millones de ton CO2 en 40 años mediante la conservación, restauración y desarrollo de sistemas productivos sostenibles. La Zona de Reserva Campesina -ZRC Pato Balsillas (San Vicente del Caguán) emerge como la zona con mayor impacto, con 7.4 millones de toneladas evitadas y un potencial de 3.2 millones de créditos de carbono, adicionalmente la participación de comunidades campesinas e indígenas fortalece la gobernanza y gestión sostenible para este territorio.

A pesar del potencial de reducción de emisiones y captura de Gases Efecto Invernadero – GEI con las que cuentan estas dos ZRC en los departamentos de Caquetá y Putumayo y el Resguardo Indígena Inga de Villa Catalina en Putumayo, estos proyectos enfrentan múltiples barreras estructurales, jurídicas, económicas y sociales que comprometen su viabilidad y efectividad en la mitigación del cambio climático, por lo que aún no se encuentra preparados para su comercialización en el mercado, al considerar los siguientes factores:

La falta de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, particularmente en las ZRC y en el Resguardo Indígena Villa Catalina. La ausencia de títulos de propiedad y la presencia de ocupantes externos impiden garantizar el cumplimiento de estándares internacionales y obstaculizan la implementación de actividades de conservación y restauración. Sin claridad sobre los derechos de uso y manejo del territorio, es imposible asegurar la permanencia de los beneficios ambientales en el tiempo.

El alto riesgo de no permanencia y fuga de emisiones, lo que reduce significativamente la cantidad de créditos de carbono aprovechables. En la ZRC Perla Amazónica, la tasa de deforestación del -2,73% anual, junto con la promoción de proyectos agropecuarios, amenaza la estabilidad de los esfuerzos de conservación. En el Resguardo Villa Catalina, la falta de control territorial y la ocupación por parte de colonos campesinos y actores armados agravan el problema. Se estima que, si los colonos fueran desplazados, su migración a otras áreas generaría nuevas presiones sobre los bosques, aumentando las fugas de emisiones. Para este resguardo el riesgo de fuga se calcula en 54%, lo que significa que más de la mitad del carbono protegido podría perderse debido a desplazamientos de actividades emisoras.

Las dificultades financieras representan otra limitante clave. La implementación de estos proyectos requiere inversiones considerables en restauración, vigilancia, fortalecimiento comunitario y certificaciones internacionales. Sin embargo, los análisis financieros muestran que la mayoría de los escenarios económicos no son rentables. En algunos casos, incluso después de 40 años de implementación, los ingresos no compensarían los costos operativos.

En conclusión, la falta de seguridad en la tenencia de la tierra, los altos riesgos de deforestación y fuga, la inviabilidad económica en la mayoría de los escenarios y las debilidades en la gestión local convierten a estos proyectos en opciones de alto riesgo y baja factibilidad en las condiciones actuales. Para garantizar su éxito, es indispensable avanzar en la formalización de la propiedad, fortalecer la gobernanza comunitaria y desarrollar estrategias que hagan financieramente viable la conservación a largo plazo.

Lamentablemente, y durante años, los proyectos REDD+ han sido impulsados con lógicas financieras especulativas que han derivado en malas prácticas técnicas y sociales, violaciones de derechos humanos y un incumplimiento de los objetivos de conservación. Motivo por el cual, estos análisis de prefactibilidad han permitido brindar información clave a las organizaciones sociales sobre el manejo sostenible de sus recursos y demostrar que:

Hay una necesidad de generar una política pública efectiva y alineadas con los contextos de cada territorio para lograr la viabilidad para las comunidades de participar en el mercado de carbono y que les permita tomar decisiones informadas sobre su participación en estos mercados, así como mitigar sus impactos negativos.

Aunque los proyectos REDD+ pueden arrojar como resultado su no viabilidad, las comunidades tienen un rol activo en la conservación de bosques, adicionalmente pueden existir otras estrategias de compensación ambiental más adecuadas.

Se impulsó una transición del enfoque centrado en carbono hacia portafolios integrales de servicios y productos ambientales, incluyendo gobernanza comunitaria y asistencia técnica.

En Huila, Tolima y Meta, también en 2024, se continuó con el apoyo a la remoción de GEI a través de acciones de restauración con los cafeteros, asociados a FEMNCAFE[4]. A través de herramientas de manejo del paisaje, se ha mejorado la sostenibilidad del manejo productivo cafetero, se aumentó en resiliencia y se disminuyó la vulnerabilidad al cambio climático, a la vez que redujeron los costos de manejo del cultivo y se mejoró la calidad del café.

En el departamento de Nariño, en los municipios de Ricaurte y Barbacoas, y en lo que se consolidó como el Corredor del Piedemonte Andino Costero, se trabaja de la mano con 10 organizaciones de base comunitaria, 5 conformadas por campesinos, 1 de mujeres víctimas del conflicto, 3 de pueblos indígenas y 1 que hace parte de un consejo comunitario, para el desarrollo de iniciativas de conservación y uso sostenible de los bosques que incluyen iniciativas de medios de vida y protección ambiental basados en conectividad ecológica y económica.

[4] La Federación Mesa Nacional del Café – FEMNCAFE se encuentra conformada por 32 formas organizativas territoriales que, en su gran mayoría, son lideradas por firmantes de paz, distribuidas en 8 departamentos de Colombia: Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Meta, Tolima y Valle del Cauca (sede en Yotoco), que reúne a más de 1.062 productores de café. Adicionalmente desde el 2022, esta federación se encuentra vinculada al proyecto Naturaleza para la Paz que, desde su componente dos, busca implementar sistemas productivos cafeteros sostenibles y resilientes, que contribuyan a la captura de GEI.

En el departamento del Guaviare, otra de las regiones del país en donde debido a sus bastas selvas amazónicas, sus habitantes han sido testigos de desplazamientos forzados, desapariciones, masacres, tráfico, cultivos de uso ilícito y otras afectaciones, que impactan y aceleraran el deterioro del medio ambiente, se consolidó el Corredor del Jaguar para contrarrestar estos impactos. Este corredor conecta la Sierra de la Macarena, límites del departamento del Meta, con el Guaviare, donde comprende un área de gestión desde la Zona de Reserva Forestal Serranía de la Lindosa hasta Charras Boquerón, incluyendo los humedales y bosques a lo largo del río Guaviare y en el cual se trabaja por la preservación de Jaguar, especie que se encuentra en peligro de extinción.

Con recursos del Fondo en 2024, se apoyó y fortaleció a 19 emprendimientos de turismo comunitario y promotoría campesina; y se logró consolidar la red colaborativa – Corredor de Protección del Jaguar, de la que hacen parte 21 organizaciones de base comunitaria y que opera en 2 sectores del departamento (La Lindosa y Nare, Fugas, Charras y Cámbulos). Además de lograr robustecer la gobernanza de esta red bajo el liderazgo de 5 promotores, se atendieron 24 fincas por incidentes con este felino, y se realizaron 39 visitas de asistencia técnica.

Finalmente, se destaca que por medio de acciones que integran la conservación ambiental, la educación en sostenibilidad y la promoción de valores comunitarios, se ha generado un impacto profundo y sostenible para estos departamentos. La promoción y el desarrollo de estas iniciativas no solo han mejorado la calidad de vida en el presente, sino que también han sembrado las semillas para un futuro donde el respeto por el medio ambiente y la convivencia pacífica se constituyen en pilares fundamentales de los procesos comunitarios que allí lideran.

Las principales transformaciones logradas en estos departamentos incluyen:

La prevención de conflictos ambientales, pues se integra la conservación ambiental con el desarrollo económico local, fortaleciendo la gobernanza y la participación comunitaria. Esto redujo disputas por el acceso a la tierra y los recursos, previniendo conflictos socioambientales.
El fortalecimiento de la gobernanza e inclusión social empoderando a mujeres y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas como líderes en conservación y toma de decisiones, fomentando la cohesión social y la equidad de género. Esto permite potenciar medios de vida con mejor distribución de beneficios e incidencia en el ordenamiento de los territorios y la protección ambiental, lo que impide la degradación del medio ambiente.
La adaptación de diferentes mecanismos financieros comunitarios a las realidades locales, lo que permite escalar y sostener prácticas ambientales.
La promotoría campesina y su implementación en fincas demostrativas permitieron que el monitoreo comunitario, la reconversión productiva, la restauración y la conectividad de ecosistemas, sean claves para la transformación de estos territorios. Consolidando esta como una estrategia de gobernanza y de sostenibilidad ambiental.
Queda demostrado el papel clave que desempeñan los bosques en la regulación del clima, mientras que se resalta el valor del trabajo de las comunidades locales que han asumido el liderazgo en su protección y en el fortalecimiento de sus medios de vida sostenibles.

Mantener el bosque en pie y consolidar modos de vida sostenibles es una manifestación concreta de paz con la naturaleza, reconociendo que la estabilidad de los ecosistemas está intrínsecamente ligada al bienestar de las comunidades. Esta apuesta también contribuyó a la construcción de paz entre las personas, al generar oportunidades económicas legítimas, reducir conflictos por el uso de la tierra y fortalecer el tejido social en los territorios impactados.

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